EL VOTO COMO CONTROL POLÍTICO
Por Hugo Castillo Mesino
Las elecciones en nuestro país
y concretamente en nuestra región debían constituirse en una clara expresión de
transparencia con un alto grado de voluntad política de los ciudadanos y no
convertirse en un acto de constreñimiento ilegal por los especialistas en la
compra y venta del voto que logran con la complicidad y la anuencia de quienes
dicen ser los representantes en las distintas esferas de gobierno y que tienen
esa práctica reiterada como si fuera un deporte nacional donde clasifica el
mejor postor o apostador con los insumos provenientes del mismo presupuesto
nacional y local; no hay derecho que siendo el voto sagrado y un instrumento de
naturaleza política y social sea administrado y vilipendiado por el canibalismo
electorero.
El voto ciudadano es una
conquista de la humanidad, mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad
soberana en la escogencia de las autoridades política que dirigirán los
destinos del poder político nacional o local de una nación, podemos decir que
el voto es la expresión más representativa de los mecanismos de participación
ciudadana por excelencia. Pero esa voluntad ciudadana hoy se encuentra
amenazada por una cadena de hechos que han venido registrando los medios de
comunicación nacionales y locales que han puesto al descubierto un plan en
marcha de fraude electoral este 27 de octubre. Es preocupante la exorbitante
cifra de anulación de 125.208 inscripciones de cédulas en el Atlántico por
parte del CNE por trashumancia electoral, hecho este que ha estado precedido
por el más reciente escándalo de corrupción electoral conocido como "Casa
Blanca" en el cual la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 15
años de prisión a Aída Merlano Rebolledo y en el mismo fallo ordena
compulsar copias a la sala de instrucción de la misma, para que se
investigue al senador Arturo Char por la presunta realización de conductas
punibles tal como aparece registrado y difundido en los medios de comunicación,
a lo que se le suma las declaraciones del exsenador David Char ante la JEP
donde reconoce "Yo sí estuve en la compra de materiales en la compra de
votos" .
Además, dijo que "Había
un carrusel dentro de la Registraduría, que vendió mesas de votación durante
las elecciones de 2002 y 2006". Como si fuera poco lo anterior en
días pasados el alcalde Alejandro Char, a tan solo 2 meses de las elecciones y
a 4 de terminar su administración, hizo aprobar por el Concejo Distrital una
adicción presupuestal para un empréstito por la suma de 100.000.000.000 de
pesos, al parecer sin soporte fiscal y sin destinación específica lo que generó
la suspicacia y el rumor ciudadano "Si parte de esos dineros en el
hipotético caso se van a ir por la alcantarilla de la corrupción
electoral". Todos estos hechos posiblemente pueden llevar a un
inmenso riesgo de fraude electoral que impida la expresión libre del voto
ciudadano. La pregunta que subvierte la pureza del voto y el “Voto como
control político” entonces es, como garantizar la pureza del voto ciudadano
como expresión de su libre albedrío sin la interferencia de la corrupción
electoral tipificada en los delitos de corrupción al sufragante, tráfico
de votos, voto fraudulento, favorecimiento de voto fraudulento y alteración de
resultados electorales.
La ley electoral establece
como mecanismo de control ciudadano, los testigos electorales, los cuales
cumplen una función pública transitoria en el ejercicio de la vigilancia de la
transparencia del proceso eleccionario y las autoridades tienen la obligación
legal de colabórales y garantizar sus funciones en los escrutinios de
mesas por parte de los jurados de votación y en los escrutinios de las
comisiones escrutadoras auxiliares y Distritales. El art. 45 de la Ley
1475 de 2011 establece que los partidos, movimientos y grupos significativos de
ciudadanos, tendrán derecho a un testigo por mesa para garantizar la
transparencia de los escrutinios de jurados de mesas de votación y a su vez el
Art. 11 de la Ley 6 de 1990 dice: Los testigos electorales supervigilaran las
elecciones y podrán formular reclamaciones escritas cuando el número de
sufragantes de una mesa exceda el de ciudadanos que podrán votar en ella;
cuando aparezca de manifiesto en que las actas de escrutinio se incurrió en un
error aritmético y cuando los 2 ejemplares de las actas de escrutinio a de los
jurados de votación están firmados por menos de 2 de estos. Todo ello nos
permite plantear la necesidad de que las autoridades competentes al avecinarse
el proceso electoral del 27 de octubre asuman y brinden las garantías para que
el ciudadano elector se exprese libremente y desaparezcan los subterfugios
electorales; para ello se debe sumar la designación de un alcalde ad hoc para el distrito de
Barranquilla por razones de ética pública para contribuir con una higiene electoral
que destierre los aires nauseabundos donde está inmersa sectores de la clase
política tradicional local y regional. Repensemos a Barranquilla y al Atlántico.
PUBLICADO EN EL DIARIO LA LIBERTAD DE BARRANQUILLA
DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019
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