COMPRA Y VENTA DE VOTOS: DAÑO SOCIAL
Por Hugo Castillo Mesino
Se ha vuelto coloquial en las coyunturas electorales escuchar expresiones por el común de nuestra gente tales como: “¿A cuánto los están pagando?", "Hay que cogerle el dinero y votar por otro“. Estas afirmaciones poco nos asombran y denotan al parecer un significado de poca trascendencia, pero debemos concebirlas como situaciones aberrantes de tráfico de conciencias aunque los gobiernos las maquillen; máxime cuando la compra y venta del voto se da en muchas regiones del país, y particularmente en la Costa Atlántica, donde los medios de comunicación llenan sus páginas con titulares y semblanzas resaltando las hazañas y la creatividad de "algunos representantes de las corporaciones públicas, candidatos y mochileros que utilizan en la compra y venta de votos”, destacando sus condiciones intrínsecas y objetivas en el cultivo de la compra y venta del voto, que no es más que la acción cómplice de los medios de comunicación e inclusive destacando que esta práctica arracional que tanto daño social le hace al país no riñe con la ética pública; además, es normal escuchar voces disonantes como la de los Nules cuando señalan que la corrupción es un asunto cultural. Para el caso que nos ocupa, la corrupción electoral, mercadeo o negocio de votos y cargos se define como el acto o procedimiento que atenta contra el legítimo y libre ejercicio del derecho al sufragio, lo cual se traduce en alterar y adulterar la voluntad de los electores para incidir los resultados electorales.
El concepto corrupción se deriva del latín corruptus y significa descomposición, podredumbre o desintegración; aunque modernamente la corrupción electoral se define como el uso ilegítimo del poder del Estado que permea este flagelo degradando a la sociedad y a la relativa “democracia" colombiana, lo que nos conduce a inferir que es la misma corrupción pública o política en la que participan muchos funcionarios del Estado, candidatos, electores. Esta corrupción electoral es agenciada por la corrupción administrativa o burocrática, bien aceitada y con mermelada electoral, antes, el día de y después de las elecciones; dejando poca posibilidad a los partidos alternativos y a candidatos que no cuentan con los insumos necesarios para desarrollar su proselitismo.
La corrupción electoral en un sistema “democrático” como el nuestro está signada de una patología que afecta a las instituciones y al ejercicio sano del sufragio. Son múltiples los daños que la corrupción electoral ocasiona a la Nación y ello se expresa en: frustrar la voluntad mayoritaria de los electores, perjudica los derechos legítimos de un candidato y de un partido político, corroe los hábitos en que se funda la honestidad política, genera desconfianza y apatía hacia las “instituciones democráticas”, afecta el presupuesto nacional y a sectores socio económicos del país, protocoliza la corrupción en desmedro de: la educación, salud, vivienda, empleo, seguridad, movilidad. En síntesis, la corrupción electoral es el robo disfrazado de los recursos para la inversión social de los ciudadanos, esta se ha centrado históricamente en desconocer, aniquilar los valores que se deben conservar en las contiendas políticas.
Estos valores se constituyen en un código de ética política propio de los partidos políticos; lo insólito es que cuando se trata de combatir las prácticas de corrupción y la presunción de candidatos que pueden están incursos en delitos electorales, no existe la voluntad política por parte de las directivas de los partidos que cohabitan con el gobierno, la oposición e inclusive los partidos alternativos quienes no tienen el valor moral de defender y hacer valer los principios y valores plasmados en su código ético. Es importante aclarar y no confundir la corrupción electoral con los delitos electorales; los delitos electorales son la transgresión de la legalidad y se sanciona en el ámbito del derecho penal con hasta 9 años de cárcel, pero esto no ocurre, la corrupción electoral es transgresión de un conjunto de normas más extensas que la Ley. Especial preocupación suscita la financiación de las campañas electorales donde se comprometen los candidatos con los financistas electoreros y le endosan cheques y garantías por contratos jugosos una vez que estos sean electos; cuentan con recursos económicos, humanos, técnicos, tráfico de influencias, el soborno, las amenazas, la violencia, el prevaricato, la falsedad documental, la omisión o retardo en el ejercicio de funciones públicas, todo un repertorio de conductas antiéticas y delictuosas, al igual que la cantidad y la calidad de los medios para establecer la corrupción electoral y que sólo están limitados por la imaginación desde la perspectiva de la sociología electoral; sumándose a ello la poca eficacia y eficiencia de organismos como: la Registraduría, Procuraduría, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral y las Autoridades Civiles y Militares.
En conclusión, el mejor control sobre la corrupción electoral es el control social, la educación ciudadana, a través de una legislación más preventiva que represiva, con variados mecanismos de participación democrática. Es bueno resaltar que el ciudadano al sufragar debe votar por hombres y mujeres con experiencia y formación antecedidos de una praxis social con transparencia, calidades humanas y un acervo sobre el conocimiento de las políticas públicas, las aspiraciones de estos se deben ver reflejadas a través de un sistema de valores y principio que les permita combatir a los candidatos corruptos a quienes definen con el lema” El que paga para llegar, llega a robar
PUBLICADO EN EL DIARIO LA LIBERTAD DE BARRANQUILLA
DOMINGO 11 DE OCTUBRE 2015
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