¿COMUNIDAD O BUROCRACIA?
Por Hugo Castillo Mesino
Solemos hablar de comunidad y salta a nuestro cerebro la concurrencia de ciudadanos y ciudadanas movidos por los mismos intereses y en función del cumplimiento consciente de normas de convivencias en ese territorio que le denominamos ciudad, pueblo o barrio; aparejado a ello se realizan un conjunto de actividades y trámites burocráticos, que se adelantan para resolver los problemas de carácter administrativo, los cuales guardan una estrecha relación con las demandas sociales de la ciudadanía; lo que me permite preguntar: ¿si es la comunidad la que está por encima de la burocracia o es la burocracia la que responde a las demandas de la comunidad?. Este interrogante surge con motivo de la convocatoria a elecciones de Juntas de Acción Comunal para el día 24 de abril del presente año a lo largo y ancho del territorio nacional, la cual debe ser difundida con una amplia circulación a todos los ciudadanos promoviendo su afiliación, para que democráticamente elijan a sus dignatarios y al Tribunal de Garantías acorde con las normas y procedimientos que establece la ley.
Nos corresponde resaltar que la Junta de Acción Comunal es la organización social de base con más cobertura y arraigo en Colombia; es por su naturaleza histórica el espacio primario que reúne a la comunidad en torno de las diferentes necesidades y problemas que se pueden presentar en convivencia y conciliación, desarrollo humano de las personas, formación en democracia, participación, educación, vivienda, medio ambiente, deporte y cultura. Ahora, sabemos que las Juntas de Acciones Comunales han estado turbadas por patologías de todo tipo que le han quitado credibilidad a su filosofía y restado su capacidad de convocatoria y movilización, convirtiéndose más bien en correas de transmisión de intereses politiqueros muy ajenos a los problemas propios de la comunidad pertinente; y en estas han caído los seudolíderes que se ofrecen al mejor postor por dadivas personales y clientelistas.
No obstante, las Juntas de Acción Comunal atraviesan por una serie de problemas y dificultades, que a juicio de la misma comunidad obstruyen el ejercicio sano de proyección comunitaria y se manifiestan en la perversa incomunicación entre sus dignatarios o directivos y las bases afiliadas y por ende con la comunidad en general, a quienes se aísla con el propósito de darle un manejo dentro de la burocracia ociosa; además ha sido insuficiente e intermitente el apoyo estatal, pareciendo que este tiene su presencia sólo cuando oficializa las convocatorias para allanar el cumplimiento de la ley, pero ausente en el financiamiento de proyectos gestados por la comunidad, propiciando de esta forma el clientelismo, el asistencialismo, la politiquería, el paternalismo estatal y la corrupción que se ha constituido en un cáncer para el bienestar social, debilitando la organización autónoma y negando sistemáticamente la formación, cualificación y desarrollo de liderazgos de mayor nivel que propicien el fortalecimiento y gestión de las Juntas de Acción Comunal en su quehacer, reivindicando su papel histórico ubicándose al frente de la comunidad, con y para la comunidad.
Entonces, lo planteado implica la necesidad de forjar en esta oportunidad un proceso de renovación o reingeniería socio-política de líderes que amplíen los niveles de participación de las bases comunitarias y que depongan sus intereses grupistas y particulares reivindicando y aplicando el criterio ético-público de que los intereses generales tienen prioridad por encima de los particulares, y despojándose de poner al servicio la misión comunal a otras instancias ajenas a los verdaderos problemas sociales, ambientales, infraestructurales y productivos cuya solución demanda la comunidad.
Conscientes que las Juntas de Acción Comunal deben desarrollar su accionar en una nueva perspectiva enmarcada en aires de paz y visionando su papel en el posconflicto, donde su representatividad debe estar a la altura de los nuevos roles a seguir en el ámbito de las políticas locales, regionales y nacionales que marcarán nuevas pautas de convivencia y diálogo entre sus conciudadanos, coadyuvando con esto abrir nuevos caminos dentro de los proyectos y programas del Gobierno Nacional, se hace necesario implementar una dinámica modernizadora de estas Juntas que posibiliten nuevos impactos sociales e integrados a procesos de conectividad, como el trabajo en redes, con sus ciudadanos de manera horizontal que dé al traste con los falsos liderazgos revestidos de autoritarismo y profundizando la democracia en el conjunto de la organización comunal; siendo coherentes con el espíritu de la Constitución de 1991 que apunta a la participación directa y democrática en la toma de decisiones en la planeación del desarrollo de la comunidad y en el control social de la gestión pública.
Para encarnar esta responsabilidad social y pública le corresponde a quienes asuman los liderazgos comunales promover iniciativas, propuestas, proyectos, articulados con otras organizaciones comunitarias con asiento en la respectiva comunidad con el fin de aportar y enriquecer los niveles de sensibilidad y participación movilizadora de los ciudadanos en aras de buscar solución mancomunada a los problemas que afrontan las comunidades en la perspectiva de trazar rutas de desarrollo y progreso y el fortalecimiento de la organización comunal.
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