CORRUPCIÓN SISTÉMICA
Por Hugo Castillo Mesino
La expectativa nacional por el “Debate de Control político: Escándalo de Odebrecht. Financiación Ilegal de las Campañas Presidenciales 2014-2018”, realizado en el Congreso de la Republica a citación del Senador Jorge Enrique Robledo Castillo del Polo Democrático Alternativo, prendió las alarmas al caracterizar el alto nivel de desarrollo que ha alcanzado el fenómeno de la corrupción en las esferas oficiales hasta la Fiscalía General de la Nación misma y en la dirigencia política del país. Consecuente con esta afirmación y con su eslogan de debate “La verdad total”, el Senador Robledo inició su disertación recordando la figura del “elefante” en tiempos del Presidente Samper y a la que se han acolitado desde entonces todos los funcionarios y mandatarios acusados de corrupción para esgrimir que no se dieron cuenta de nada o con la frase olímpica de que “todo ha sido a mis espaldas”. De ahí que su invitación a los colombianos estuviese ilustrada con un gigantesco elefante como símbolo del tamaño de la corrupción y de su paso aplastante contra las instituciones y contra la moralidad política.
Es importante destacar que el Senador citante centra su intervención en las responsabilidades legales y políticas que tienen los funcionarios implicados y comprometidos en la madre de las corrupciones en el país en los últimos tiempos como es el caso de Odebrecht, al igual que señala la situación pavorosa de quienes están encargados de administrar justicia y de la impunidad que casi como una regla general rodea este tipo de casos cuando coloquialmente alude que “el perro bravo sólo muerde a los de ruana”; tal vez adelantándose al hecho de que cuando se hacen este tipo de denuncias, solo tocan de los mandos medios hacia abajo, pretendiendo justificar con esto la efectividad y los resultados de la aparente investigación, cuyo norte nunca apunta a donde lógicamente debe apuntar: hacia arriba, quedando exonerados los verdaderos estrategas y representantes de las organizaciones y grupos económicos asociados con Odebrecht en la gestión y contratación de los diferentes proyectos que sirvieron de canales para la expoliación y apropiación de los recursos, así como algunos personajes públicos entramados en esta red.
La posición certera del Senador Robledo, al ratificar en su intervención que las obras adjudicadas a Odebrecht, su ingrediente principal ha sido el soborno y que han estado signadas por los gobiernos en el ejercicio presidencial, funcionarios, partidos políticos, empresas privadas, donde se adicionan contratos, pagos en especies, con la complicidad de tribunales que forman por sí mismo un sistema de corrupción, que al final ésta la pagamos todos los colombianos. Ahora, ante esta aseveración, los colombianos también se preguntan ¿por qué el Fiscal General de la Nación no asistió al debate dándole la cara al país? Si bien es cierto, que en términos de la legalidad constitucional no estaba obligado a asistir, la ética y la moral del servicio público priman y si se lo colocaba como un imperativo. Quien nada debe nada teme, dice la sabiduría popular. O más bien su posición en el campo de la justicia es insólita, dado que por primera vez en la historia un Fiscal como Néstor Humberto Martínez en la actitud asumida le tocará investigarse a sí mismo. O por qué teniendo a su lado a la Vice-fiscal no le delegó funciones para que fuera ella la que asumiera el caso de Odebrecht.
Los partidos políticos deben asumir la responsabilidad política de la actuación de aquellos miembros suyos que ejercen cargos públicos; es inconcebible que estas agrupaciones frente a los aciertos de sus representados en la estructura burocrática del Estado, se los abrogan; mientras que cuando cometen desafueros o delinquen, son desconocidos y se escudan en el argumento de la “responsabilidad individual”; negando cínicamente que la distribución burocrática de los cargos públicos se da por componendas entre las diferentes organizaciones políticas.
La medula del debate de la corrupción con Odebrecht quedó patentizada más allá de los sobornos que este antro empresarial transnacional pagó para obtener la adjudicación de contratos en megaproyectos, en la financiación subterránea que hizo a las dos campañas presidenciales de mayor peso para el periodo 2014-2018, del candidato del Centro Democrático bajo la dirección del expresidente y senador Álvaro Uribe, Oscar Iván Zuluaga, y de la Unidad Nacional, Juan Manuel Santos, elegido al final como Presidente. Y que tal como lo señaló el Senador Robledo, esta financiación mafiosa a estas campañas favorecía también a las formulas vice-presidenciales, la cual quedaba elegida al ser elegido su candidato presidencial, sin lo cual no llegarían a ser Vice-presidente. Ante este hecho, la pregunta latente sería: ¿Qué capacidad política tiene el Consejo Nacional Electoral para investigar y fallar sobre este delito, cuando sus magistrados se distribuyen equitativamente entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional, y el único magistrado independiente, Armando Novoa, lo inhabilitaron precisamente para este caso? Una vez más se demuestra que el Código Electoral está hecho para el soborno y para garantizar la estructura sistémica de la corrupción y la continuidad del régimen político imperante.
PUBLICADO EN EL DIARIO LA LIBERTAD DE BARRANQUILLA
DOMINGO 30 DE ABRIL 2017
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