SOY SANTISTA Y QUE
Por Hugo Castillo Mesino
Cada día que amanece aflora el saludo entre colombianos y comentamos que lo que pasa en nuestro país es una responsabilidad de todos para que al final nadie sea responsable, aplicando con esto la teoría del menor esfuerzo. Ante esta connotación, después de un exhaustivo análisis y expuesto a que mis amigos y detractores se rían a carcajadas, tildándome de oscurantista y que nunca he sido nada, he tomado la decisión de ser “santista”. Aprovecho este espacio para expresar mi convicción profunda y aunar a quienes me sigan por este sendero como la única opción para avanzar históricamente, sentir y vivir por todos para emancipar la paz y el bienestar de los colombianos; desde luego, mi determinación se apoya en la concepción y principios de sostenibilidad y hechos que tendrá que cumplir “mi líder” Juan Manuel Santos, donde su política tenga coherencia social y sus instrumentos de gobierno no sean privatizados, no se los entregue a los magnates de la economía, pues, de lo contrario no podrá hacer política social; para ello, en su condición de máximo representante del poder ejecutivo y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, debe valerse de la bancada del Congreso que lo faculta en sus proyectos de ley posibilitándole llegar a buen puerto.
Ahora, para ser consecuente con la condición de ser “santista” y proclive a su ejercicio de gobierno, planteo a continuación algunos requerimientos de orden social, político, económico y ambiental que mi “preclaro líder” debe ejecutar a lo largo y ancho del territorio nacional, acompañado de sus entes gubernamentales:
Implementar políticas serias de mitigación y superación del hambre y la desnutrición del pueblo Wayuu; engavetar la reforma pensional propuesta y contribuir a darle soluciones inmediatas a este sector; congelar la creación de nuevos impuestos y reducir el IVA tal cual como lo anunció durante su campaña; incrementar el salario mínimo por encima del vigente; controlar la inflación en términos reales y no sólo estadísticos; generación de empleos dignos; consolidar y rescatar las empresas estatales privatizadas; promulgar ley de no más privatización de bienes públicos; acabar con las concesiones y redefinir la política de presencia de las empresas transnacionales favoreciendo la producción nacional; replantear y reprogramar el pago de la deuda externa favoreciendo a la economía nacional; declarar la nulidad de la venta de Isagen y responsabilizar a quienes agenciaron los sobrecostos en los contratos de Reficar; combatir decididamente el narcotráfico y su nueva manifestación, el microtráfico, y el impulso de una política pública de legalización de la droga, implementando a su vez políticas de salud pública; propiciar una reforma estructural al sistema de salud general que garantice una atención de primer orden, con calidad y eficiencia en todas las áreas de mayor beneficio al usuario; ampliar la cobertura y calidad educativa en los niveles de la básica y la educación superior, masificando la jornada única que responda a nuevos componentes curriculares, pedagógicos, infraestructurales y alimentarios, y no hacer de ella lo mismo de lo mismo que hace parte de décadas anteriores; otorgar becas reales a los estudiantes de menor recurso económico para la educación superior que no sean el disfraz de créditos “blandos”; tomar distancia frente a la política trazada por gobiernos externos sobre países hermanos, respetando la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos; cierre de las bases militares extranjeras; preservar, impulsar y desarrollar políticas de defensa y garantía de los Derechos Humanos, respetando el libre ejercicio a la protesta social y la seguridad de sus líderes; adopción de políticas de prevención y atención a los efectos del cambio climático; reconocimiento pleno de los derechos de los diferentes grupos étnicos y sociales; coadyuvar al cumplimiento de las decisiones adoptadas por las Cortes, la Fiscalía y los organismos de control en la lucha contra la corrupción y el paramilitarismo; depuración de las Fuerzas Armadas y policiales, no impunidad y castigo penal a los autores de los falsos positivos; respeto y garantías plenas de seguridad a la vida y participación política de los miembros de las fuerzas insurgentes reinsertadas en el Proceso de paz; meter en cintura a los alcaldes y gobernadores que se opongan al establecimiento de zonas de concentración de insurgentes desmovilizados; promulgación de un Estatuto de la Oposición amplio que garantice su participación en el debate y en la toma de decisiones.
Visionando este panorama y convencido de que mi definición política va más allá de un eslogan, la cual pretende que, usted Señor Presidente, tenga el tacto político de convencer a todos sus aliados y subalternos a ser coherentes con esta demanda y necesidad inaplazable que anhelan nuestros compatriotas. Es hora de impulsar una gran convocatoria a todas las fuerzas vivas sociales y políticas de la Nación a que en serio participen y decidan en esta cruzada donde las realizaciones sean un símbolo de confianza en esta responsabilidad que se le ha endilgado como Presidente de la República. No sin antes, Señor Presidente, decirle que desde ya declare que el Paro Cívico Nacional es justo y legal; de lo contrario, mi afiliación como “santista” sería aplazada.
PUBLICADO EN EL DIARIO LA LIBERTAD DE BARRANQUILLA
DOMINGO 06 DE MARZO 2016
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