Por Hugo Castillo Mesino
Es fundamental retomar la teoría de la elección
social, la cual se encarga de analizar los procesos colectivos de la toma de
decisiones y los métodos para evaluar los resultados de estos procesos. Desde
nuestra perspectiva los fines y los medios deben mantener una coherencia y una
relación ética, como un imperativo categórico, al tratar de proponernos unas
metas orientadas a la búsqueda de la participación del ciudadano como un acto
de soberanía social y política. Al formular la pregunta ¿cómo elegir candidatos
sin corrupción?, no deja de ser un ajedrez político que denota que cualquier
movida de las fichas debe tener un manejo estratégico, cuidadoso y mesurado, si
pretendemos ganar la partida valiéndonos de métodos justos y de acciones
legales que satisfagan a todos los participantes y espectadores de esta
contienda deportiva-electoral que se avecina el próximo 27 de octubre con las
elecciones de candidatos a cargos uninominales y colegiados.
Nos asalta la inquietud, a manera de
interrogantes, ¿los políticos en sus aspiraciones sentidas pueden exponer
principios éticos sin tener que creer en ellos?, o ¿pueden defender su posición
ética creyendo que estos principios efectivamente funcionan? Creemos que no,
porque de ser así estaríamos esperando de ellos su posición falsa y que su
acción sea meramente simbólica, como suele suceder en este ejercicio electoral
repetitivo donde las aspiraciones de los mismos no son más que la conjugación
de la búsqueda del voto con la oferta del dinero. Creo que no existe una regla
para ejercitar el sufragio, pero si existen unos criterios del elector y del
candidato para determinar cuáles son las preferencias al tiempo de decidir a
quien elegir.
Al ejercer nuestra soberanía ciudadana nos
corresponde indagar o investigar quiénes son los aliados políticos que
promueven y soportan la candidatura de cada aspirante a cargos de elección
popular y qué tipo de relaciones tienen a su vez; dado que, en este accionar
confluyen intereses de diversas magnitudes y alcances, que al final determinan
la conducta y la actuación pública del sujeto una vez elegido. Lo que
permitiría inferir a quién responderá en últimas ¿a sus promotores políticos
particulares o a la colectividad que en la formalidad reivindica representar?
Es un común denominador que en época electoral surjan los apostadores o mal
denominados inversionistas, quienes dicen ver con buenos ojos a determinado
candidato; pero que, en el fondo, su mirada circula a la adjudicación de
jugosos contratos. De ahí que, es necesario que los electores conozcan
diáfanamente quiénes son los financiadores de determinado candidato aspirante a
la alcaldía y gobernación y qué tipo de negocios tienen en la actualidad con
los entes territoriales objetos de la elección. El ciudadano que dice ejercer
su soberanía al momento de sufragar ¿lo hace en su concepción social como
reivindicación colectiva o su voto termina favoreciendo a un candidato que
engrosa sus arcas y las pone al servicio de sus patrocinadores?
El ciudadano elector tiene el compromiso ético
y de responsabilidad política de estar informado al decidir su voto sobre las
características personales y profesionales del candidato de su predilección: Su
formación académica como garantía humanizante del ejercicio profesional del
cargo, lo que daría confianza a la ciudadanía sobre la capacidad del mismo. En
esta línea de análisis sobre el proceso de elección política de los candidatos,
somos conscientes de los problemas formales en el contexto que demandan las
preferencias sociales, lo cual nos aboca a seguir teniendo en cuenta, también,
los rasgos personales que demuestren transparencia y sensibilidad social del candidato
en su práctica cotidiana por fuera de las coyunturas electorales, y que éste no
esté enlodado en situaciones ilegales de ninguna naturaleza que se constituyan
en un mal ejemplo para la sociedad; por eso, es de trascendental importancia,
el conocimiento amplio y público sobre los negocios y finanzas no solo
personales sino familiares del candidato respectivo, sus fuentes de origen.
Entonces, ¿cómo entender que las elecciones, que son sociales, dependen de la
elección individual de las oscuras finanzas para elegir determinado candidato?
Los candidatos a las corporaciones deben
manejar un mínimo de propuestas, dado que, si son extensivas en las mismas,
según el adagio popular que dice: “vota por el candidato que menos prometa, así
quedarás menos defraudado”. No obstante, los Programas de Gobierno deben
caracterizarse por contener los problemas y soluciones a las necesidades más
sentidas por las comunidades. Por tanto, los ciudadanos antes de votar deben
adentrarse en el conocimiento factible de las propuestas y evaluar que tan
realistas pueden ser con el fin de no sentir que le han asaltado su voluntad
política. La participación democrática del elector apunta a la mejor elección
posible siguiendo el precepto de escoger los mejores medios para llegar a los
mejores fines, siempre preservando la nobleza de los medios. Repensemos a
Barranquilla y al Atlántico.
PUBLICADO EN EL DIARIO LA LIBERTAD DE BARRANQUILLA
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
0 comentarios:
Publicar un comentario