SILENCIO OSCURO ALTERNATIVO
Al país parece haber llegado un tsunami político originado por las declaraciones de Nicolás Petro y Daysurys Vásquez, después de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía representada en la audiencia por el fiscal delegado Mario Burgos, quien ha demostrado hasta la saciedad su capacidad actoral al darle lectura a los señalamientos que la pareja imputada hace sobre el destino de los dineros de los que se les acusa de haber recibido de fuentes presuntamente ilegales, que apuntan a tipificar los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que, al parecer, implican también a otros actores, dándole más relevancia a lo político que a lo judicial que es la razón de ser del ente investigador.
Cómo se explica que los imputados habían venido respondiendo a las citaciones previas que la Fiscalía les había conminado, demostrando el interés por clarificar sus responsabilidades en la situación en comento; y, de un momento a otro, el ente investigador decide aplicar ordenes de captura para sus presentaciones en la audiencia de formulación de cargos, desplegando todo un show mediático prefabricado en la proximidad del cierre de inscripciones de los candidatos a elecciones regionales, no guardando proporcionalidad con la actuación de la Fiscalía en casos recientes y de igual o mayor gravedad, como el de Oscar Iván Zuluaga y su hijo en el escándalo de corrupción de Odebrecht, que fueron simplemente citados a la audiencia de imputación de cargos, la cual se realizó virtualmente. ¿Selectividad operativa de la Fiscalía de acuerdo con la identidad política y estatus de los protagonistas a ser imputados?
El fiscal Burgos reveló en su exposición de cargos varias conversaciones tanto en audio como en chats de los imputados con terceros en los que se evidencia, por ejemplo, el caso de contratos celebrados entre la Gobernación del Atlántico y una ONG auspiciada por Daysurys y Nicolas Petro, la Fundación Conciencia Social. En dicho contrato, de acuerdo con las conversaciones referidas, se aprecia un manejo doloso en la distribución de la inversión en la cual, de 400 millones de pesos, 120 millones fueron directo a manos de Daysurys y 40 millones netos a los representantes de la Fundación. ¿Por qué el fiscal en medio de esta tragicomedia política y judicial pasa a la ligera y por lo alto esta información que se constituye en delitos contra la Administración Pública que involucra a funcionarios en ejercicio pertenecientes a identidades políticas diferentes y contrarias a la del Gobierno Nacional, supuesto benefactor de las acciones delictivas de Nicolas y su exesposa? Igual interrogante surge sobre el actuar de la Fiscalía frente al descubrimiento “accidental” y reciente, por algunos medios, de los chats cruzados entre Alex Char, candidato trirrepitente a la alcaldía de Barranquilla y la señora Daysurys Vázquez, en los que Alex Char asegura, en plena campaña electoral presidencial, enviar “5 puntos” a Daysurys. Habría que preguntarle al aludido a cómo estaba el cambio de cada “punto” o, si en su “ingenuidad” estaba aportando “5 puntos” al “programa de gobierno”.
Las omisiones del fiscal en los ejemplos anteriores y otros, reflejan una cierta perversidad institucional dirigida con intenciones meramente políticas que trascienden más allá de tipificar los delitos imputados al inicio de la audiencia a macartizar y enlodar a personalidades por el solo hecho de tener una relación personal, social o política con los imputados y relacionados con el Gobierno Nacional, lo cual no puede colegirse en indicios de complicidad.
Frente a los indicios probatorios de los delitos que se les imputan a Nicolas Petro y su exesposa, éstos dan un giro a la situación judicial proponiendo acogerse al “principio de oportunidad” en una negociación con la fiscalía a la que ofrecen ampliar la información y pruebas que evidencien cómo se hizo el reparto de los dineros por ellos recibidos y la identificación de otros implicados; sorprendiendo en señalar que parte de esos dineros entraron a la Campaña Electoral Presidencial del actual mandatario y superando los topes establecidos por ley. Este entramado judicial-político, como era de esperar, ha desatado una reacción nacional desbordada en el país, de la cual la derecha política trata de sacar el mejor partido en su acción opositora al Gobierno del presidente Gustavo Petro, desconociendo y desvirtuando oportunistamente el hecho judicial, que requiere pasar a una etapa probatoria en una escala de tiempo laxo con diferentes niveles de intervención institucional, priorizando el hecho político de reacción a corto tiempo, cabalgando sobre la ignorancia jurídica de gran parte de sectores de la población y tendiente a movilizarlo para sus propios intereses de poder.
A esto se suma, sin exagerar y sin hacerle apología al “Otoño del Patriarca”, la develación relativa de un silencio oscuro y casi sin capacidad de reacción de las fuerzas progresistas y alternativas, pilares para la resistencia y proyección al cambio desde la gobernabilidad, por carencia de dirección orgánica.
*Comunicador Social y Periodista
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