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UNA LUZ PARA ELECTRICARIBE

UNA LUZ PARA ELECTRICARIBE

Por Hugo Castillo Mesino

La inconformidad del servicio eléctrico estaba impregnada de olores, colores y sinsabores; dando origen a Electricaribe en el año 1.998. Este es el momento en el que el gobierno intervino las 7 electrificadoras de la Región Caribe a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y luego las privatizo. Inicialmente las compro una Empresa con sede en Caracas y está en el año 2.000 las vendió a la multinacional Unión Fenosa la cual tuvo el control del servicio eléctrico de distribución y comercialización; más adelante en el 2.008 la anterior Empresa se fusiono con Gas Natural y hoy eufemísticamente se llama Naturgy.

Empezamos por conocer cuál es la composición del capital social: Naturgy, 85.38%; sector público 10.10% y otros con el 4.52%. Los estados financieros  de la Empresa Electricaribe según el informe del revisor fiscal  centrado en los aspectos financieros más destacados: el capital de trabajo se expresa negativamente en 1.4 billones de pesos lo que inferimos como estado de insolvencia económica más que grave; el índice de endeudamiento sobre el patrimonio es de 116% lo que demuestra  la incapacidad de la Empresa; la pérdida neta del año 2.017 es de 519.354 millones de pesos lo que acentúa más sus crisis y las perdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2.017 que ascienden a 993.901 millones de pesos. La Empresa Electricaribe esta en la crisis de la crisis; entre otras cifras que pican y se extienden.

La población de usuarios atendida es de 2.6 millones de usuarios sobre la base de una población de 10 millones de habitantes, además del sector productivo y el institucional. Este servicio corresponde a más de un 80% de los estratos 1, 2 y 3; sin desconocer que el 90% de la subnormalidad eléctrica del país esta asentada en la costa como una muestra fehaciente de la pobreza y la marginalidad de la región creándole una asfixia histórica política propiciada por los gobiernos neoliberales. Las posiciones que se han venido asumiendo en torno a la salida de la crisis del Sector Eléctrico de la Costa giran en torno a quien debe ser el nuevo operador sin mermelada o duquesa light anaranjada luego de que la Empresa fue intervenida por Superservicios hace más de dos años.

Posteriormente el gobierno contrato a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) a un costo de 3.000 millones de pesos pagados por los usuarios con el fin de hacer un estudio de la situación de la Empresa y determinar las soluciones que esta demanda. El gobierno y la FDN plantean la necesidad de establecer un aumento tarifario para lo cual la Comisión de Regulación y de Energía y Gas (CREG) expidió la resolución 015 del 2018 para esos menesteres; ósea que se sigue descargando las crisis en la población y en el sector productivo. Esto es un contrasentido por las políticas de privatización del gobierno en detrimento del patrimonio público. Lo insólito de Naturgy y Fenosa es que saqueo durante 16 años y después manifestó que el gobierno asumiera el control de la Empresa por no tener con que pagar la energía a los generadores, después demando al Estado colombiano ante un tribunal internacional por 5 billones de pesos; “tras de ladrón, bufón”.

El sentir expresado por la comunidad de usuarios y otros es que el operador sea público haciendo grandes inversiones por más de más de 7 billones de pesos en los próximos diez años para mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura que podría consultar: el Fondo de Regalías Mineras con 30 billones de pesos para los años 2019-2020 según la ministra de Minas María Fernanda Suárez; el Presupuesto Nacional; los aportes de los departamentos de la Costa. La propuesta de los gobernadores de crear una empresa de energía de la Región Caribe conjuntamente con las empresas generadoras que son públicas o de economía mixta; es válida. Lo trascendental es que estas inversiones no sean cargadas a las tarifas de la energía eléctrica que pagan los usuarios como pretende el Gobierno con la Resolución CREG 015 de 2.018.

Ahora como insumos deliberativos para la agenda del 1 de diciembre de la convocatoria sobre Audiencia Pública Regional sobre Electricaribe y sus Perspectivas debe datar un estudio de factibilidad financiera y jurídica que con objetividad certifiquen: pasivos no reconocidos, pasivos pensionales direccionando obligaciones que le corresponden al Estado Colombiano y a Unión Fenosa; al ofertar la empresa hay que tener en cuenta los riesgos del inversionista, las nuevas tecnologías, etc. Por ello es importante problematizar y resolver las formulaciones dilematicas: ¿A cuánto asciende el patrimonio de Electricaribe?; ¿Existe un tribunal que valido la composición accionaria de Electricaribe?; ¿Los subsidios Prone y Foes se le acreditan al Estado como capital de trabajo?; ¿En qué documentos Conpes están aseguradas las garantías mínimas para mantener el servicio?; ¿Porque el KWh resulta tan costoso lo cual es un desestimulo para la inversión empresarial? y otras preguntas problémicas derivadas. 

PUBLICADO EN EL DIARIO LA LIBERTAD DE BARRANQUILLA

DOMINGO 25 DE NOVIEMBREDE 2018
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