Por Hugo Castillo Mesino
La inconformidad del servicio
eléctrico estaba impregnada de olores, colores y sinsabores; dando origen a
Electricaribe en el año 1.998. Este es el momento en el que el gobierno
intervino las 7 electrificadoras de la Región Caribe a través de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y luego las privatizo. Inicialmente las
compro una Empresa con sede en Caracas y está en el año 2.000 las vendió a la
multinacional Unión Fenosa la cual tuvo el control del servicio eléctrico de distribución y comercialización; más
adelante en el 2.008 la anterior Empresa se fusiono con Gas Natural y hoy
eufemísticamente se llama Naturgy.
Empezamos por conocer cuál es
la composición del capital social: Naturgy, 85.38%; sector público 10.10% y
otros con el 4.52%. Los estados financieros de la Empresa Electricaribe según el informe
del revisor fiscal centrado en los
aspectos financieros más destacados: el capital de trabajo se expresa
negativamente en 1.4 billones de pesos lo que inferimos como estado de
insolvencia económica más que grave; el índice de endeudamiento sobre el
patrimonio es de 116% lo que demuestra
la incapacidad de la Empresa; la pérdida neta del año 2.017 es de
519.354 millones de pesos lo que acentúa más sus crisis y las perdidas
acumuladas a 31 de diciembre de 2.017 que ascienden a 993.901 millones de pesos.
La Empresa Electricaribe esta en la crisis de la crisis; entre otras cifras que
pican y se extienden.
La población de usuarios atendida
es de 2.6 millones de usuarios sobre la base de una población de 10 millones de
habitantes, además del sector productivo y el institucional. Este servicio
corresponde a más de un 80% de los estratos 1, 2 y 3; sin desconocer que el 90%
de la subnormalidad eléctrica del país esta asentada en la costa como una
muestra fehaciente de la pobreza y la marginalidad de la región creándole una
asfixia histórica política propiciada por los gobiernos neoliberales. Las
posiciones que se han venido asumiendo en torno a la salida de la crisis del
Sector Eléctrico de la Costa giran en torno a quien debe ser el nuevo operador
sin mermelada o duquesa light anaranjada luego de que la Empresa fue
intervenida por Superservicios hace más de dos años.
Posteriormente el gobierno
contrato a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) a un costo de 3.000
millones de pesos pagados por los usuarios con el fin de hacer un estudio de la
situación de la Empresa y determinar las soluciones que esta demanda. El
gobierno y la FDN plantean la necesidad de establecer un aumento tarifario para
lo cual la Comisión de Regulación y de Energía y Gas (CREG) expidió la
resolución 015 del 2018 para esos menesteres; ósea que se sigue descargando las
crisis en la población y en el sector productivo. Esto es un contrasentido por las
políticas de privatización del gobierno en detrimento del patrimonio público.
Lo insólito de Naturgy y Fenosa es que saqueo durante 16 años y después manifestó
que el gobierno asumiera el control de la Empresa por no tener con que pagar la
energía a los generadores, después demando al Estado colombiano ante un
tribunal internacional por 5 billones de pesos; “tras de ladrón, bufón”.
El sentir expresado por la
comunidad de usuarios y otros es que el operador sea público haciendo grandes
inversiones por más de más de 7 billones de pesos en los próximos diez años
para mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura que podría consultar:
el Fondo de Regalías Mineras con 30 billones de pesos para los años 2019-2020
según la ministra de Minas María Fernanda Suárez; el Presupuesto Nacional; los
aportes de los departamentos de la Costa. La propuesta de los gobernadores de
crear una empresa de energía de la Región Caribe conjuntamente con las empresas
generadoras que son públicas o de economía mixta; es válida. Lo trascendental
es que estas inversiones no sean cargadas a las tarifas de la energía eléctrica
que pagan los usuarios como pretende el Gobierno con la Resolución CREG 015 de
2.018.
PUBLICADO EN EL DIARIO LA LIBERTAD DE BARRANQUILLA
DOMINGO 25 DE NOVIEMBREDE 2018
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