¿INDEPENDENCIA ELECTORAL O NEGOCIO?
Por Hugo Castillo Mesino
Son muchas las acepciones
sobre una candidatura independiente; también existe una atmósfera de confusión en torno
a qué se puede esperar de las mismas y cómo concebir estas aspiraciones dentro
de nuestro sistema político. Las candidaturas independientes se caracterizan: 1) no formar parte de un partido
político; 2) no ser
registrado por un partido político para competir en la elección; y, 3) recabar apoyo
ciudadano en el territorio que desea competir (firmas), en correspondencia con la Ley 130 de 1994 se da
inicio a la conformación de los grupos significativos de ciudadanos en Colombia
como otra forma de participación en los certámenes electorales. La Ley establece
que los grupos de ciudadanos deben reunir las firmas al dividir el 20% del
censo electoral entre el número de cargos a proveer, también podrán postular
candidatos.
Es cierto que se ha convertido en un deporte
nacional que, cada vez que se realizan elecciones para cargos uninominales,
como: presidencia, gobernación y alcaldía, salen a la palestra pública los
candidatos por firmas autoproclamados de “independientes”, acompañados de los
denominados “grupos significativos de ciudadanos”, a quienes algunos, en la
sorna política, les llaman “escuderos” o representantes en el cobro posterior
de la reposición de votos. En el ejercicio democrático es válido que todos los
ciudadanos sin distingo de ninguna clase tienen derecho a elegir y ser elegidos;
y esa aspiración es legítima y asimilable a los candidatos que se postulan a
representar los diferentes entes territoriales y que, en el caso concreto del Distrito
de Barranquilla, este tipo de práctica se ha institucionalizado en los últimos períodos
electorales e, inclusive, siendo reiterativos algunos de ellos en sus
aspiraciones actuales. Parafraseando un viejo lema de la izquierda tradicional,
el “análisis concreto de la situación concreta”, permite preguntar: si es “independiente”,
¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son los principios con los que va a regir su
campaña y estando en el gobierno? ¿Su programa refleja en lo que cree y cuál es
su metodología? ¿Es un programa que explique qué es lo que quiere hacer o
solamente está lleno de generalidades y lugares comunes? ¿Cuáles son las
fuentes de financiación de su campaña? ¿En qué sectores sociales se apoya? ¿La
candidatura fue construida con esfuerzo ciudadano o con una estructura que
proviene de un partido u otro grupo de interés? ¿Por qué es independiente o
independiente de qué? ¿Cree o no cree en los partidos políticos? ¿Cuál es su
relación con los partidos políticos en la campaña y en el futuro ejercicio de
gobierno?
Atrevámonos a pensar en serio y a llamar las
cosas por su nombre. Los candidatos por firmas tienen erogaciones en sus
campañas políticas, pero éstas, en términos generales, son inferiores
porcentualmente al pago que reciben por reposición de votos, ya sea en las dos
direcciones: siendo electo o el hecho de haber obtenido una alta votación
aunque no haya triunfado; que en términos económicos son sumas millonarias que
no requieren de ningún tipo de auditoria o entrega de cuentas sobre su
inversión una vez retornan a manos del candidato, muy coherente con la canción
de Shakira tirándoselas de “ciegos, sordos y mudos”. Lo que ha terminado por
constituirse en un gran negocio legal de muchos candidatos, donde a la final
nunca se pierde, porque en este caso perder también es ganar. Y si se gana,
bienaventurados, se gana por partida doble. De ahí que el negocio rentable
convoca a la repetición cada vez que la ocasión lo amerita.
Es justo y amerita una reflexión profunda y
reposada por parte de los ciudadanos, los movimientos sociales, los mismos
partidos políticos y las organizaciones que se suman desinteresadamente a las
candidaturas por firmas, que los candidatos al obtener los recursos
provenientes de la reposición de votos sean tenidos en cuenta por el aporte
hecho en el impulso de la campaña electoral de estas candidaturas representados
en gastos operativos, transporte, logística y toda la serie de medios que
demanda una campaña electoral.
Ante lo expresado es válido que las
organizaciones políticas y sociales exhorten a los candidatos por firmas a
definir unos acuerdos o compromisos orientados a la corresponsabilidad que exista
entre quienes participaron y se comprometieron en la campaña, en términos
políticos sobre los recursos obtenidos en la reposición de votos, entendida
esta como una medida sana, coherente, transparente, de quienes dicen
proclamarse gestores y representantes morales de los nuevos gobiernos, sin que
se usufructúe la voluntad popular y el respaldo ciudadano para beneficio
particular. La independencia total de los que suelen llamarse “independientes”
no existe ni debería existir, porque es necesario que ellos dependan de la
voluntad de sus electores, y no que caigan de la falsa lectura de que los
movimientos o partidos políticos tienen un grado de afectación que le resta a
sus aspiraciones, pero que en el fondo más bien se traduce esto en una
estratagema o artificio para tener la libertad de no responder ante nadie.
PUBLICADO EN EL DIARIO LA LIBERTAD DE BARRANQUILLA
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2018
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