OPOSICIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
Por Hugo Castillo Mesino
Las experiencias vividas políticamente cuando
se han expresado los sectores alternativos con sus representantes en minoría,
prácticamente han sido un fracaso por el clásico paradigma de que el ideario
político de los partidos opositores pretende ser determinante en el ejercicio del
control interno a los entes territoriales o a las corporaciones públicas. Dado que
estos representantes se han visto limitados argumentando que tienen que
consultar a las directivas o instancias de sus partidos, porque sería a ellos a
quienes le deben esos créditos, tal vez olvidándose que no se pueden maximizar los
dividendos o resultados electorales. Sería desconocer a las ciudadanías libres
que se expresan a través de movimientos sociales inorgánicos de forma
democrática, plural y diversa, cuando lo que se trata es de articular las
acciones políticas de los partidos que han estado distante de éstos.
Según Gianfranco Pasquino, politólogo italiano, autor del ensayo “La
oposición”, las metas de una oposición socialmente responsable serían:
Representar y proteger individual y colectivamente a su electorado; defender
las reglas del juego político y, eventualmente, reformarlas, con el propósito
de mantener abierta la competencia; mostrar los resultados suficientes para
llegar a convertirse en mayoría. Para lograr lo anterior, “ninguna oposición puede renunciar a su propia piel ni a su
cometido dejando, sin más, gobernar al gobierno. Todo lo contrario, la
oposición debe impedir que el Gobierno ‘malgobierne’".
Es cierto que el “Estatuto de la oposición” es garantista
al ofrecer las herramientas para hacer control político que permite posicionarse
en una oposición reflexiva, propositiva, pero en lo fundamental socialmente
responsable que vaya más allá de los partidos y esté al servicio de la gente,
en una ruptura frontal con el negacionismo opositor radical. La oposición
política permite disentir, criticar, fiscalizar, ejercer libremente el control
político a la gestión de gobierno, generar propuestas alternativas de políticas
públicas que hacen parte del legado del ejercicio de su campaña, mediante los
instrumentos señalados en el Estatuto, sin perjuicio de los derechos
consagrados en otras leyes.
Para ejercitar una oposición socialmente
responsable el Estatuto brinda el derecho de réplica que se constituye en una
herramienta clave para confrontar políticas del establecimiento cuando estas no
representan los intereses de las grandes mayorías, sino, por el contrario, se
constituyen en grandes cargas tributarias y sociales con afectación al
bienestar general de la población; y, la oportunidad de la utilización de los
medios de comunicación social del Estado o que utilicen el espacio electromagnético,
para hacer llegar a la ciudadanía las respuestas.
La rendición de cuentas por parte de las
administraciones de los entes territoriales se ha constituido históricamente en
un festín donde los gobernantes de turno prefabrican las inquietudes ciudadanas
a través de terceros, que suelen preguntar como gazapos lo que está previamente
definido en el libreto de quienes sustentan el ejercicio de gobierno; no
obstante, el Estatuto de oposición proporciona instrumentos para que la
ciudadanía participe en la transparencia de la rendición de cuentas de los
Planes de desarrollo, con especificidad en los municipios y distritos, del
cumplimiento de sus metas y el monto total de la inversión que se realizó.
Las organizaciones políticas declaradas en
oposición a partir del primero de enero de 2020, como producto de los resultados
electorales obtenidos el 27 de octubre del presente año, les asiste el derecho
a participar protagónicamente en la conformación de las mesas directivas de
plenarias de corporaciones públicas de elección popular. Tendrán
participación a través de al menos en una de las posiciones de las mesas
directivas de las Asambleas Departamentales, los Concejos Distritales y de
capitales municipales. De igual manera tendrán derecho a que se les facilite
con celeridad, la información y documentación oficial, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la presentación de la solicitud; aspecto este de vital
importancia para poder ejercer responsablemente el control político de cara a
la ciudadanía y a la opinión pública en general. Al tenor de lo señalado aquí y
en el ámbito de hacer una ruptura conceptual acorde con los nuevos contextos
políticos se nos permite cuestionar si quienes tienen la responsabilidad de
ejercer el control político deben distanciarse de la elección de los órganos de
control o, por el contrario, deben participar activamente en la definición de
quienes tengan los méritos para representar al departamento o al distrito en la
regentación de estos cargos.
En síntesis, en una sociedad que se defina
democrática, el ejercicio de una oposición socialmente responsable tiene entre
sus funciones la de limitar al gobierno de turno a través del control político
a las políticas públicas que formula e implementa y sus consecuencias sociales,
económicas y políticas; como, a su vez, promover el pluralismo y la convivencia
en el disenso, para mantener el equilibrio entre las intenciones de la
autoridad y el apego a la legalidad, buscando el mayor bienestar para la
población. Repensemos a Barranquilla y al Atlántico.
PUBLICADO EN EL DIARIO LA LIBERTAD DE BARRANQUILLA
DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DE 2019
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