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SOFTWARE ELECTORAL BIPOLAR

                             SOFTWARE ELECTORAL BIPOLAR


Por Hugo Castillo Mesino


Aterradora y espeluznante la noticia reciente de que, el software que sistematizó las votaciones en el plebiscito sobre los acuerdos de paz entre las extintas FARC y el gobierno colombiano celebrado en octubre de 2016 y otros procesos comiciales posteriores en Colombia es controlado por la misma empresa que contrató a los mercenarios colombianos que participaron como autores materiales del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, según revelaciones hechas por el senador Gustavo Petro Urrego en la Comisión Primera del Senado de la República, quien afirmó: "Son los contratistas del software de las elecciones en Colombia... O sea, parte de las empresas que cuidan el voto, a través del software, supuestamente la transparencia del voto”. Al momento la única empresa vinculada al magnicidio de Moïse es “CTU Security”. Esta situación enmarca grandes connotaciones y denotaciones que merecen ser analizadas al tenor de sus circunstancias y consecuencias.


Históricamente, las elecciones se crearon para asumir decisiones colectivas por consenso o por unanimidad, por mayoría, pluralidad o proporcionalidad y estas han venido evolucionando. El voto es un instrumento ciudadano de naturaleza democrática y filosófica que no debe ser clientelar, sino, por el contrario, su uso debe ser racional; su autonomía no tiene por qué convertirse en oportunismo individual, dado que la democracia requiere de ciudadanos igualmente comprometidos con proyectos de carácter colectivo y de alcance general.


Me asombra y me indigna que el voto de millones de colombianos sea mutado por la corrupción con una empresa que oferta software y el gobierno colombiano la contrate para hacer de la voluntad de los ciudadanos electores la puta gana, después de haber sembrado esperanzas en los candidatos que los representen en las corporaciones publicas y en la Presidencia de la República. ¿Dónde queda la lectura que hace el elector cuando ve que en su país los recursos públicos son arrasados con la complicidad de una empresa que a traves de la sistematización de los votos define quienes o quien se los puede administrar, mientras que el gobierno silencia y los agentes de los entes fiscales y del Ministerio Público le prestan más atención favorable a los presuntos responsables que a los denunciantes, pasándolos de victimarios a víctimas?


Ahora tuvo que trascender el vil magnicidio del presidente de Haití para que saliera a relucir la podredumbre de los actos que oscurecen un sistema “democrático” vilipendiado, sombrío y criminal que juega con la soberanía y la conciencia colectiva e individual de la ciudadanía y atenta contra su único patrimonio como es el voto. No hay razones que justifiquen que la decisión en democracia a través del voto quede reducida a los filtros criminales de la empresa que asesina por encargo a un gobernante, eliminando la voluntad política y terminando a disposición de la relación clientelar entre gobierno y empresa que, por acciones reflejas, elige en primera y segunda vuelta al candidato de sus preferencias políticas y las apuestas de sus dividendos económicos inmediatos y futuros. Parece ser que el adagio: “El que escruta, elige”, pasa a un segundo plano relativo por su nueva expresión práctica que se conjuga en “el que contrata, elige”; siendo el software programado en sus algoritmos con el nombre del candidato a elegir, su programa de gobierno y la “voluntad” de los electores. Es claro que esta afirmación no es producto del desarrollo tecnológico, sino de los avances de los clanes y los gobiernos inmersos en la corrupción.


Dónde irán a parar las utopías y los sueños motivantes despiertos de un país que no contemple elegir por software a gobernantes como el actual presidente que auspicia, al defender, a la ministra de telecomunicaciones Karen Abudinen,  implicada en la adjudicación irregular del contrato a la “Unión Temporal Centros Poblados”, por más de un billón de pesos para la conexión con Internet a las escuelas rurales de las regiones más apartadas del país, de los cuales se adelantaron 70 mil millones de pesos que hoy están “desaparecidos”. Al igual que en el Distrito de Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo Heins, afín al gobierno presidencial, compromete de las vigencias futuras un billón de pesos en la contratación con la empresa privada “Siembra Más S.A.S” para la siembra de árboles en la ciudad durante un período de 20 años. De la misma forma, la corrupción elegida por software hace carrera cuando la Policía Nacional firma un contrato por 26 millones de pesos, para que una comercializadora le entregue 720 biblias católicas, a pesar de que un Juzgado de Bogotá suspendió ese negocio tras fallar una tutela en contra de esa adquisición, dado el carácter laico del Estado.


No se concibe que a la voluntad popular en las elecciones del próximo año no se le garantice la transparencia y legitimidad del voto en democracia por la demencia, ceguera y perversidad de los sectores aferrados al poder político con la complicidad de los organismos de control. Repensar la veeduría y la defensa del voto ciudadano.

 

PUBLICADO EN EL DIARIO LA LIBERTAD DE BARRANQUILLA

MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021

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